La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo.
El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción […]
